Podemos Rivas pide al Gobierno municipal que revise los contratos de espectáculos musicales y de otra índole que haya licitado y aún estén pendientes de ejecutarse, para asegurarse de que ninguno de ellos se suscribe con promotoras o entidades propietarias de conciertos y festivales de cualquier tipo que “tengan vínculos con el genocidio israelí sobre el pueblo palestino”.
La formación local se hace eco de la publicación aparecida en el diario digital ‘El Salto’, según la cual el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR) podría estar detrás de alguna de las promotoras de los conciertos realizados durante las recientes Fiestas de Rivas, u otros que aún estén pendientes de producirse. El fondo KKR, según la información de ‘El Salto’, “Además de ser conocido en EEUU por ser parte del lobby profracking (…), invierte en firmas israelíes de ciberseguridad, así como en la construcción de centros tecnológicos de datos y en la promoción inmobiliaria de viviendas en los territorios palestinos ocupados a través del conglomerado mediático Axel Springer. Actividades, estas dos últimas, que contravienen claramente el dictamen de la Corte Penal Internacional y los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya”.
La posibilidad de haber realizado contratos con promotoras relacionadas con este fondo supone, en opinión de Podemos Rivas, una grave responsabilidad para una ciudad que muy mayoritariamente ha expresado, desde hace tiempo y de forma contundente, su solidaridad con el pueblo palestino de Gaza y su repulsa al genocidio israelí sobre el mismo.
Es por ello que la formación morada pide al Gobierno municipal que “mire con lupa” esos contratos y que, en caso de encontrar las mencionadas vinculaciones, se rescindan aquellos que no hayan sido ya ejecutados, asumiendo los costes de esa rescisión.
Así mismo, propone al Ejecutivo local el establecimiento de un código ético que impida que se realicen nuevas contrataciones en casos similares. “La especificidad de la mayoría de los contratos que se realizan en el campo de la cultura y el espectáculo permiten al Gobierno seleccionar qué actuaciones contrata, por lo que podría perfectamente ceñirse a ese código ético para descartar la posibilidad de generar beneficios a empresas que los emplean en sostener el genocidio sobre el pueblo palestino”.